El error del Plan Ibarretxe
El error del Plan Ibarretxe
Desde que se dio a conocer uno de los primeros borradores del llamado Plan Ibarretxe, hasta la actualidad, en que el Parlamento Vasco ha decidido adoptarlo a trámite, aunque no como ley, para no tratar de caer en una ilegalidad, se han vertido muchas opiniones sobre este tema, de todo tipo. Algunas, personalmente me parecen muy desacertadas, ya que se han quedado en la mera descalificación que, sólo han producido, un aumento de la crispación. A mi modo de ver, los nacionalistas vascos están en su derecho a proponer lo que crean oportuno (un derecho constitucional) así como, los que no estén de acuerdo con su propuesta, a manifestar su desacuerdo. Lo que no está tan claro es el derecho a convertir su propuesta en iniciativa parlamentaria, puesto que desbordar el marco constitucional.
El error, bajo mi punto de vista, no es haberlo convertido en iniciativa parlamentaria (en tal caso será una ilegalidad, constitutiva de delito o no), ni tampoco que sobrepase el marco constitucional (ya que la constitución no debería ser algo rígido, sino adaptarse a la evolución social), sino en quién tiene que decidir sobre su propuesta. Trataré de explicarme.
El Plan Ibarretxe contiene, en el fondo, dos propuestas, una relativa a la concepción de lo vasco como una realidad estatal independiente y con personalidad propia, otra relativa a como esa realidad estatal independiente se relaciona con otra entidad estatal (España en este caso)
En un planteamiento estrictamente lógico (sin tener en cuenta la historia, las relaciones existentes, ) la primera cuestión, su reconocimiento como Estado propio, su independencia, podría ser decidida sólo por los ciudadanos vascos; repito, en un planteamiento exclusivamente lógico que no tuviese en cuenta nada más. Serían los vascos los que deberían decidir si quieren ser independientes o no. Sin embargo la segunda parte engloba a dos realidades, los vascos como entidad independiente y el Estado español. En el Plan Ibarretxe se plantea una vinculación entre el País Vasco y España, de forma que el País Vasco se convertiría en un Estado Libre Asociado. La cuestión es, que esa fórmula de adscripción no le compete decidirla sólo al País Vasco, sino al conjunto de los ciudadanos españoles. Para entendernos mejor. Cuando un Estado quiere formar parte de la Unión Europea, no es ese Estado el que pone las normas, sino el conjunto de la Unión Europea.
A mi juicio, éste es un tema que no se puede tolerar en la propuesta de Ibarretxe, ya que no sólo pone en manos de los vascos su futuro (lo cual puede resultar legítimo) sino que pretende imponer un modelo de relación al Estado Español con el País Vasco. Si el País Vasco quiere seguir vinculado a España, tendrá que ser el conjunto de la ciudadanía española con el conjunto de los vascos, los que determinen ese modelo de relación (existiendo la posibilidad de que no se llegue a ningún acuerdo y se llegue a una plena separación del País Vasco).
Personalmente no creo que debiera asustar tanto la posibilidad de un referéndum de autodeterminación en el País Vasco, por varias razones:
-el sentimiento nacionalista no es tan fuerte como nos hacen creer respecto a la independencia. No todos los nacionalistas son independentistas.
-los vínculos históricos, afectivos, económicos, sociales, políticos, etc. son demasiado fuertes para que se dejen de lado.
-en una sociedad cada vez más globalizada, el País Vasco sufriría una recesión si se separase del Estado Español.
No obstante, el Plan Ibarretxe, propone sobre todo, un cambio en las relaciones con el Estado Español, y eso, es algo que nos atañe a todos, no sólo a los vascos, ya que no es sólo cuestión de cómo el País Vasco se relaciona y articula económica y políticamente con el Estado Español, sino también como el Estado Español se relaciona y articula económica y políticamente con el País Vasco, y en eso, a los ciudadanos no vascos, no se nos puede excluir de la decisión. En ese punto el Plan Ibarretxe comete un tremendo error, además de una ilegalidad fragante, así como un menoscabo del derecho de los ciudadanos a decidir sobre su futuro.
Desde que se dio a conocer uno de los primeros borradores del llamado Plan Ibarretxe, hasta la actualidad, en que el Parlamento Vasco ha decidido adoptarlo a trámite, aunque no como ley, para no tratar de caer en una ilegalidad, se han vertido muchas opiniones sobre este tema, de todo tipo. Algunas, personalmente me parecen muy desacertadas, ya que se han quedado en la mera descalificación que, sólo han producido, un aumento de la crispación. A mi modo de ver, los nacionalistas vascos están en su derecho a proponer lo que crean oportuno (un derecho constitucional) así como, los que no estén de acuerdo con su propuesta, a manifestar su desacuerdo. Lo que no está tan claro es el derecho a convertir su propuesta en iniciativa parlamentaria, puesto que desbordar el marco constitucional.
El error, bajo mi punto de vista, no es haberlo convertido en iniciativa parlamentaria (en tal caso será una ilegalidad, constitutiva de delito o no), ni tampoco que sobrepase el marco constitucional (ya que la constitución no debería ser algo rígido, sino adaptarse a la evolución social), sino en quién tiene que decidir sobre su propuesta. Trataré de explicarme.
El Plan Ibarretxe contiene, en el fondo, dos propuestas, una relativa a la concepción de lo vasco como una realidad estatal independiente y con personalidad propia, otra relativa a como esa realidad estatal independiente se relaciona con otra entidad estatal (España en este caso)
En un planteamiento estrictamente lógico (sin tener en cuenta la historia, las relaciones existentes, ) la primera cuestión, su reconocimiento como Estado propio, su independencia, podría ser decidida sólo por los ciudadanos vascos; repito, en un planteamiento exclusivamente lógico que no tuviese en cuenta nada más. Serían los vascos los que deberían decidir si quieren ser independientes o no. Sin embargo la segunda parte engloba a dos realidades, los vascos como entidad independiente y el Estado español. En el Plan Ibarretxe se plantea una vinculación entre el País Vasco y España, de forma que el País Vasco se convertiría en un Estado Libre Asociado. La cuestión es, que esa fórmula de adscripción no le compete decidirla sólo al País Vasco, sino al conjunto de los ciudadanos españoles. Para entendernos mejor. Cuando un Estado quiere formar parte de la Unión Europea, no es ese Estado el que pone las normas, sino el conjunto de la Unión Europea.
A mi juicio, éste es un tema que no se puede tolerar en la propuesta de Ibarretxe, ya que no sólo pone en manos de los vascos su futuro (lo cual puede resultar legítimo) sino que pretende imponer un modelo de relación al Estado Español con el País Vasco. Si el País Vasco quiere seguir vinculado a España, tendrá que ser el conjunto de la ciudadanía española con el conjunto de los vascos, los que determinen ese modelo de relación (existiendo la posibilidad de que no se llegue a ningún acuerdo y se llegue a una plena separación del País Vasco).
Personalmente no creo que debiera asustar tanto la posibilidad de un referéndum de autodeterminación en el País Vasco, por varias razones:
-el sentimiento nacionalista no es tan fuerte como nos hacen creer respecto a la independencia. No todos los nacionalistas son independentistas.
-los vínculos históricos, afectivos, económicos, sociales, políticos, etc. son demasiado fuertes para que se dejen de lado.
-en una sociedad cada vez más globalizada, el País Vasco sufriría una recesión si se separase del Estado Español.
No obstante, el Plan Ibarretxe, propone sobre todo, un cambio en las relaciones con el Estado Español, y eso, es algo que nos atañe a todos, no sólo a los vascos, ya que no es sólo cuestión de cómo el País Vasco se relaciona y articula económica y políticamente con el Estado Español, sino también como el Estado Español se relaciona y articula económica y políticamente con el País Vasco, y en eso, a los ciudadanos no vascos, no se nos puede excluir de la decisión. En ese punto el Plan Ibarretxe comete un tremendo error, además de una ilegalidad fragante, así como un menoscabo del derecho de los ciudadanos a decidir sobre su futuro.
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